1minuto | Santo Domingo, RD.– La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 imputados y que el expediente denominado COBRA 2.0-A sea declarado complejo, dentro de una investigación por un presunto esquema de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SENASA).
La solicitud, depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional y fechada el 19 de septiembre de 2026, consta de 525 páginas. El Ministerio Público sostiene que empleados y exempleados de SENASA, profesionales de la salud y particulares habrían participado en una estructura destinada a obtener fondos públicos mediante autorizaciones y reclamaciones médicas presuntamente fraudulentas.
Más de 4,300 autorizaciones bajo investigación
Uno de los ejes iniciales del expediente parte de una denuncia presentada por SENASA en noviembre de 2024. Según el documento, las irregularidades detectadas entre enero de 2021 y septiembre de 2024 involucraban inicialmente unos RD$40 millones.
Posteriormente, la investigación estableció que 4,363 autorizaciones de cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, solicitadas a través de tres números telefónicos entre enero de 2021 y febrero de 2025, acumulaban RD$41,125,551.02.
Importante: el expediente no presenta esos RD$41.1 millones como necesariamente el monto global de todas las operaciones investigadas en sus 525 páginas. Esa cifra corresponde específicamente al conjunto de 4,363 autorizaciones descrito en esa sección.
¿Cómo habría funcionado el esquema?
De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, integrantes de la estructura habrían utilizado información personal de afiliados para generar autorizaciones y posteriormente presentar reclamaciones por servicios que esos usuarios supuestamente nunca solicitaron ni recibieron.
PEPCA afirma que entrevistó afiliados que negaron haber recibido los procedimientos facturados, conocer a los médicos involucrados o reconocer las firmas utilizadas en las reclamaciones. Algunos aseguraron incluso que estaban trabajando, en sus casas, fuera de la ciudad o fuera del país cuando supuestamente recibieron los servicios.
El expediente señala además que una experticia realizada por el INACIF determinó falsificaciones de firmas en formularios examinados durante la investigación.
Entre las anomalías que PEPCA atribuye al esquema figuran reclamaciones sin documentación suficiente, procedimientos que afiliados dijeron no haber recibido y hasta consultas especializadas de ginecología registradas a afiliados masculinos.
Médicos habrían entregado entre 40 % y 60 %
Otro señalamiento relevante del expediente es que, una vez SENASA realizaba determinados pagos a médicos que el Ministerio Público vincula al esquema, estos presuntamente entregaban entre el 40 % y el 60 % de lo cobrado a otros integrantes, mediante efectivo o transferencias bancarias.
PEPCA asegura que algunas transferencias carecían de concepto y otras contenían descripciones que, según su interpretación, buscaban ocultar el origen de los fondos.
Los delitos atribuidos
El Ministerio Público otorga provisionalmente a los hechos calificaciones relacionadas con corrupción, asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, estafa, delitos de alta tecnología y lavado de activos. Se trata de imputaciones formuladas por la acusación y no de condenas judiciales.
PEPCA sostiene además que la investigación no termina con las personas actualmente sometidas y que existen otros empleados o exempleados de SENASA, prestadores de servicios de salud y personas vinculadas mediante transacciones que continúan bajo investigación.
Piden prisión preventiva para 25 imputados
En las páginas finales, PEPCA identifica 25 personas contra quienes solicita formalmente la medida de coerción. Entre ellas figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y numerosos profesionales de la medicina.
El órgano persecutor solicita específicamente 18 meses de prisión preventiva para los 25 imputados, argumentando riesgos de fuga y de posible obstaculización de la investigación. También pide que el proceso sea declarado complejo debido a la pluralidad de hechos, víctimas y posibles involucrados.
El documento representa la teoría y las imputaciones del Ministerio Público.
Las personas señaladas conservan su presunción de inocencia y corresponderá al tribunal determinar las medidas de coerción y, posteriormente, cualquier responsabilidad penal.
